Joan Lerma, primer presidente de la Generalidad Valenciana (de 1982 a 1995).
Se cumplen ahora cuarenta y tres años desde que entrara en vigor del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y diecinueve años de la reforma que nos introdujo en los estatutos de segunda generación, tratando temas que no estaban de actualidad en el primero y elevando el estatus de la Comunidad, al tiempo que exigía nuevos requisitos para su reforma, incluyendo un referéndum para su aprobación.
El tiempo transcurrido y los acontecimientos sucedidos a lo largo de estos años, con gobiernos de distinto signo, permite hacer una evaluación lo más desapasionada posible teniendo en cuenta que se trata de hablar de las Instituciones por las que nos regimos los ciudadanos de la Comunidad.
No fue fácil la aprobación de nuestro Estatuto; de hecho, fue muy complicada y debería haber ocurrido mucho antes.
Tras las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977, la voluntad de los ciudadanos expresada a través de sus representantes electos quedó plasmada en 1978 en un Real Decreto de autonomía antes de ratificarse la Constitución, prefigurando el Estado Autonómico. Una vez aprobada y conocidos por tanto los requisitos para acceder a la autonomía, se disolvieron las Cortes y se convocaron elecciones generales antes de renovar los ayuntamientos, que jugaban un papel imprescindible en la consecución de la autonomía. La Constitución no obligaba a la disolución, pero así se hizo y la legislatura duró hasta principios de 1979.
Las primeras elecciones municipales democráticas vinieron a continuación y con los ayuntamientos renovados, se sucedieron los pronunciamientos en favor de la autonomía que la Constitución requería. Nuestro objetivo era conseguir la máxima que permitiera la Constitución porque entendíamos que para poder transformar la realidad que no era muy halagüeña, necesitamos capacidad de actuación que para las autonomías que accedían a la misma por la vía del artículo 143 de la Constitución estaba muy limitada y por qué no decirlo, porque nos considerábamos tan históricos y legitimados como cualquier otra autonomía española, aunque la Constitución había hecho una distinción. La derecha de entonces valiéndose de la ley que regula las distintas modalidades de referéndum, añadió un requisito a los pronunciamientos municipales que la Constitución no exigía y logro frenar el proceso autonómico. Tras el Golpe de Estado de febrero de 1981, temimos por el futuro de la autonomía y logramos impulsar la autonomía máxima por la vía del 143 de la Constitución Española con la delegación de competencias que permite el articulo 150.2 y logramos la aprobación de un estatuto de máximas competencias.
La necesidad de modernizar nuestra economía para hacerla más competitiva sin recurrir a los bajos salarios; la carencia de servicios básicos en educación con una ingente necesidad de plazas escolares; la voluntad de construir nuevos hospitales y mejorar la asistencia primaria; la creación de unos servicios sociales dignos de tal nombre y la necesidad de construir nuevas infraestructuras que llevaban años esperando en lo tocante a la movilidad, añadido a un desinterés bastante evidente por nuestra cultura, como uno de los factores clave de dinamización social, necesitaba mejorar la capacidad de tomar decisiones propias y cercanas a la ciudadanía.
En el momento de la aprobación del Estatuto, el Estado había fracasado estrepitosamente en gestionar las inundaciones que habían tenido lugar tras la rotura de la presa de Tous y de ahí nuestra preocupación por discutir las competencias en protección civil y crear una potente red que fuera capaz de gestionar las emergencias y en la que no fallara nunca la información al ciudadano.
Durante años y pese a las discusiones sobre la financiación autonómica, nos dedicamos a reparar carencias y a crear una potente red de modernización del tejido productivo, haciendo una apuesta fuerte por la ciencia, la innovación y la modernización. Todo quedó truncado con el acceso al poder de los gobiernos de la derecha y la crisis de 2008 acabo de empeorar la situación. A la política de escaparate, con un gasto desbocado y una mala orientación de la inversión, le siguió la pérdida del capital humano acumulado, con cientos de científicos perdidos o teniendo que emigrar, mientras el debate que proponían los conservadores se centraba en nuestra identidad, debate recurrente cuando no se tiene mucho más que proponer a la sociedad, como también podemos ver en la actualidad.
Las malas inversiones; el gasto desbocado y una deficiente financiación de la que al menos el presidente Puig consiguió comprometer para el futuro la inversión pública territorializada, nos han llevado de estar alrededor de la media nacional de renta, a caer hasta algo más del 80 por ciento al tiempo que crecía nuestra población hasta casi el 11 por ciento de España y representando en cambio el 9,3 por ciento del PIB español, cuando nuestra posición era durante años aproximadamente en torno al 10 por ciento en población y el 9,6 del PIB español. Cifras inaceptables para cualquier gobierno y mucho más para la sociedad. Hemos crecido sí, pero hemos perdido peso relativo y eso quiere decir que no se ha hecho bien.
Nuestros esfuerzos para prestigiar el gobierno autónomo como factor de dinamización social, se vieron truncados al principio por la reconversión industrial en la que no se valoró suficientemente nuestra opinión y después por las políticas desacertadas en la gestión de la crisis económica con sus políticas de recortes y últimamente por la gestión de las emergencias en la DANA del gobierno de Mazón -si es que podemos llamar gestión a la actuación del gobierno autonómico- con su nula asunción de responsabilidades en una catástrofe sin precedentes. Esto es lo que sin duda desprestigia la autonomía por su perdida de legitimidad que como he mencionado con voluntad clara de aportar seguridad en la protección de los ciudadanos.
La solución aportada posteriormente sugiriendo que el remedio está fuera de la política, forma parte de la batalla ideológica conservadora y es sin duda un ataque más al prestigio de la institución que pretendemos que sea un factor eficaz de mejora de nuestra situación.
Creo que debemos ser optimistas para el futuro, nuestra sociedad ha demostrados sobradamente ser dinámica y solidaria y ya tiene elementos claros de comparación.
